Adolfo Medrano
La Ley Universitaria tiene varias inconsistencias y urge
modificarla para beneficio de la comunidad académica e investigadora peruana, si es
que de verdad queremos andar al ritmo del siglo XXI. Esto no debe tocar de
nervios a algunos medios de comunicación y agrupaciones políticas que se rasgan
las vestiduras, quizás, porque ven afectados determinados intereses.
La propuesta de la Célula Parlamentaria Aprista es realista
y como toda iniciativa puede ser mejorada. En esencia propone evitar el control
político que tiene el Estado a través del Ministerio de Educación sobre la
polémica Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU).
Sin embargo, pudo abarcar más. Por ejemplo, la ley en
vigencia no contempla un solo artículo transitorio que vincule la estructura de
la educación básica regular con la universitaria a través del bachillerato
antes de los estudios superiores.
Al no haberse previsto esta situación, se genera una brecha
elitista pues solo algunos colegios privados de clase A y uno nacional, tendrían
ese beneficio.
Pero como parece que vivimos en Macondo, la cosa resulta un
poco cómica porque los escolares que obtienen el grado de bachiller ingresan a
algunas universidades de manera directa, pero al finalizar los estudios de
“pregrado” (nombre que revela el problema) deberían volver a sacarlo por ser una
exigencia de esta ley.
Otro tema que resulta extraño es el nivel que este polémico
dispositivo otorga a los diplomados como “estudios de postgrado”, cuando
siempre se ha tenido en claro que esta opción se usaba básicamente para fortalecer
capacidades muy específicas. Claro que se debe distinguir entre diplomados y
diplomados, por lo cual resultará importante determinar si conviene que esté ubicado
justo antes de la maestría y el doctorado.
En la iniciativa legislativa se propone que el
Superintendente sea elegido por los otros seis miembros del Consejo Directivo,
pero en una estructura integrada por tres docentes de universidades públicas y
otros tres de universidades privadas.
Si realmente hablamos de defender la autonomía
universitaria, no puede ser que el Superintendente sea designado vía una
resolución suprema a propuesta del Ministro de Educación por un periodo de tres
años, incluso renovables por un tiempo adicional. De ahí que la iniciativa plantea el cambio de esa estructura para que no haya dependencia con el poder
político.
De acuerdo a la ley vigente, el Consejo Directivo es conformado
además del Superintendente por un representante del CONCYTEC, cinco miembros
seleccionados por concurso público, de los cuales dos son docentes provenientes
de universidades públicas, uno de una universidad privada y dos personalidades que
cuenten con grados de Maestro o Doctor.
Como puede advertirse esta estructura no garantiza un
trabajo adecuado, si partimos de la base que toda selección de alto nivel
político podría terminar siendo subjetiva y no garantiza de manera necesaria
las competencias que se buscan.
De aprobarse las reformas, también tendrá que adecuarse el
reglamento de la ley para que los procedimientos del licenciamiento se realicen en función de una mejor interpretación del concepto de calidad educativa que no pasa solo por un inventario de infraestructura física y documentaria.
Hay quienes creen que modificar es dar un paso atrás. Nada
más falso. Toda ley se perfecciona y debe ser para mejor. El principio que
sustenta los cambios es coadyuvar a que los procesos garanticen la tan anhelada
calidad educativa y permitan una lucha frontal contra la corrupción.
Es hora además de devolver el rol rector de la universidad
frente a la sociedad. Por muchos años, su presencia ha sido minimizada por la
aparición de un sinnúmero de organismos públicos y privados que asumieron
tareas de investigación desde la ciencia y la tecnología para el diseño de nuestro desarrollo.
En otros países poco se puede hacer si antes no se cuenta
con la opinión calificada de los académicos e investigadores universitarios que intervienen de manera activa en la solución de problemas que enfrentan sus respectivas sociedades.
Nadie quiere una universidad anquilosada y con autoridades
que desprestigien los claustros. Todos apostamos por la transparencia de los
procesos y una autonomía que respete los fueros. Que los cambios encuentren
consenso y sean aprobados pronto.
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