Adolfo Medrano
Si somos consecuentes con la globalización y queremos dar a Perú una
visión de largo plazo, es hora de reubicar al bachillerato antes del ingreso a
la universidad a fin de que las nuevas generaciones de estudiantes tengan –todos
por igual y sin elitismos- un grado académico cuando terminen la Educación
Básica Regular.
En la pirámide educativa actual, el bachillerato se alcanza al final
del pregrado (¡eh ahí la razón de su nombre!), es decir luego de cinco años de
universidad y no tiene un sentido práctico pues de inmediato hay que optar por
el título profesional.
Si nos atenemos a lo que existe, es fácil especular que el modelo
educativo peruano es elitista y promueve la exclusión social ¿Cómo se explica
entonces que el denominado “bachillerato internacional” se aplique sólo en
algunos colegios, mientras el grueso de la población estudiantil sigue el viejo
esquema tradicional?
¿Será cierto que implementar el bachillerato en todos los colegios “afecta
el negocio” de las academias preuniversitarias e institutos técnicos? Si lo fuera, es hora de dejar de ser mezquinos.
En 1998 se realizó un piloto para incorporar el bachillerato en la Educación
Básica Regular (EBR), pero no prosperó. Ahora existe de manera formal en
34 colegios privados, uno nacional y dos vinculados a los institutos armados,
según la fuente Universia Perú de 2016.
En la mayoría de países, los alumnos de secundaria pasan al siguiente
nivel, la escuela preparatoria o media superior, y obtienen el grado de
bachiller con mención en un área profesional o técnico profesional después de dos
o tres años de estudio. Con esa estructura, la EBR garantiza una formación
sólida, promueve la investigación y permite trabajar con un diploma.
Solo entonces el estudiante podrá cursar la licenciatura y titularse. De
paso, se acaba con el estigma de lo “técnico” que –en el Perú– marca una
diferencia discriminatoria entre los estudios, las funciones y los diplomas. En
el nuevo escenario, las universidades y politécnicos ofrecen un título
profesional o tecnológico sin discriminaciones pues ambos tienen el mismo rango
y se adquieren competencias específicas para cada uno.
En el contexto actual cuando se termina la secundaria algunos alumnos pasan
por una crisis vocacional. Estudian 14 años de EBR, no reciben un grado
académico y su derrotero es incierto. Hay quienes ingresarán a la universidad, otros
optarán por la educación técnica y, los menos afortunados, se pondrán a
trabajar en puestos no calificados.
Si bien acceder a los “estudios superiores” ya no es un problema, el
asunto pasa por el tema económico para saber si se podrán pagar las pensiones a
lo largo de cinco años. La oferta educativa se ha incrementado de manera
significativa en los últimos años, sobre todo si la universidad es nueva y
privada pues las vallas de acceso han bajado y los exámenes de admisión
permiten ingresar a todos o casi todos.
En cuanto al bachillerato, es cierto que asumir el cambio constituye un
proceso monumental de carácter normativo, de adecuación de los programas de
estudio y capacitación docente, pero hay que hacerlo y empezar por etapas.
Primero debe reestructurarse el currículo nacional de la Educación
Básica Regular. No es posible que los alumnos terminen sus estudios sin tener nociones
elementales de filosofía, lógica e historia, o que las asignaturas de ciencias
se estudien de manera revuelta y sin nombres propios. Los bloques en que se ha agrupado el
conocimiento no permiten acceder a la deseada calidad educativa.
En segundo lugar la Ley de Educación tendría que adecuar la nueva
estructura curricular vinculando las etapas inicial, primaria y secundaria con
el bachillerato en la educación básica.
En tercer término, esto obligaría a que la Ley Universitaria cambie su
estructura estableciendo una nueva denominación: los “estudios de licenciatura”
y ya no “estudios generales, específicos y de especialidad de pregrado”. La
norma actual no contempla siquiera en sus artículos transitorios que el
bachillerato pase a la estructura de la EBR en una línea de tiempo.
En cuarto lugar, la Ley de Institutos Técnicos debería fusionarse con
la Ley Universitaria en este marco de adecuaciones para que le dé un
significado real a lo tecnológico desde una perspectiva profesional y deje de llamarse
la “segunda etapa del sistema educativo nacional”. Si aplicáramos dicho tenor al
pie de la letra todos tendríamos que pasar por ese piso académico.
Levantemos la mirada hacia los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y
México, y descubriremos que los Institutos Tecnológicos o Politécnicos son más
prestigiosos que las propias universidades.
La verdad es que no apostamos por el futuro. Esto es el reflejo de que
el Congreso y las autoridades del Ejecutivo actúan condicionadas por la
coyuntura política antes que por una visión de Estado.
Ojalá y la nueva ministra de Educación, Marilú Martens Cortés, vea las
cosas en su justa dimensión y anuncie una verdadera reforma de la educación
nacional. Es un imperativo a poco tiempo del bicentenario de nuestra
independencia.
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