La urgencia de una reforma político-electoral

Adolfo Medrano 

El siglo XXI encuentra al Perú en medio de una crisis de identidad institucional que urge ser resuelta con la vuelta al sistema bicameral, la fiscalización financiera de los partidos políticos y, sobre todo, con el cambio del voto obligatorio a facultativo.

Si bien la reforma político-electoral apremia, su armazón dependerá de la pericia de los congresistas de la Comisión de Constitución para modernizar el rol del Estado y permitir sinergias con las organizaciones de la sociedad civil.

En la coyuntura actual es importante sintetizar en un texto único las ideas-marco de los proyectos planteados por el Poder Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones y la Subcomisión de Reforma congresal, a fin de dar a luz una iniciativa que permita reformar nuestra Constitución.

¿De qué se trata? En general, las iniciativas buscan la transparencia y plantean que los partidos políticos no reciban fondos del extranjero o de personas jurídicas que residan menos de tres años en el país o de quienes hayan sido condenados penalmente por falta grave. Estos últimos tampoco podrán postular a cargos públicos.

En la medida que vivimos sensibles al tema de la corrupción –en donde aparecen dos actores sociales: el que corrompe y el que se deja corromper–, los proyectos coinciden en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda al secreto bancario, tributario y bursátil de los competidores políticos.

En el ámbito de lo político, un aspecto fundamental es la reforma del Poder Legislativo para que volvamos al bicameralismo liberal clásico.

Después de esta experiencia unicameral de 23 años en cuyo tiempo algunos proyectos se aprobaron con errores u omisiones, es hora de tener otra vez una Cámara de Diputados y un Senado de la República, para legislar de manera responsable en nombre de la representación popular.

Pero no sólo eso. En lo que implican los deberes y derechos ciudadanos, la reforma político-electoral debería ocuparse de modificar el texto constitucional en cuanto al sufragio. No se puede hacer incidencia sobre el rol ciudadano con medidas coercitivas que no alientan una conciencia adecuada.

Somos hijos del conductismo cuyo fruto se refleja en el modelo educativo que nadie se atreve a modificar. De ahí que todo se fundamente sobre la base de estímulos o castigos. Verbigracia: si pagas los impuestos a tiempo, te premian; si no lo haces, te sancionan.

El artículo 31 de nuestra Constitución señala que “el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad”. Diera la impresión que leemos un texto macondiano.

Si el sufragio es libre una persona debería tener la facultad para obrar o no obrar, pudiendo elegir si vota o no vota. De ahí que dicho texto sea una aberración jurídica en todo el sentido de la palabra pues no se puede hablar de libertad y obligatoriedad al mismo tiempo.

En los países desarrollados, los ciudadanos no necesitan ser sancionados para cumplir sus obligaciones. El voto es facultativo y sufragan quienes de manera consciente tienen una preocupación por resolver los problemas de su país y no hay sorpresas cuando se eligen a los gobernantes.

Una reforma político-electoral con todas las aristas que implica debería ser consultada también con las organizaciones de la sociedad civil para que expresen sus opiniones desde una perspectiva diferente a la visión congresal. Tanto los representantes de las universidades públicas y privadas, los directivos de los gremios empresariales, los decanos de los colegios profesionales y los líderes de las organizaciones sociales de base, entre otros, deberían ser citados para aportar al proyecto.

Es hora de cimentar las bases del siglo XXI y esto sólo se logrará con el concurso de todos los actores sociales. Dejemos de ser un laboratorio de ensayos políticos y apostemos por un cambio duradero.