Adolfo Medrano
El siglo XXI encuentra al Perú en medio de una crisis de identidad institucional que urge ser resuelta con la vuelta al sistema bicameral, la fiscalización financiera de los partidos políticos y, sobre todo, con el cambio del voto obligatorio a facultativo.
Si bien la reforma político-electoral apremia, su armazón
dependerá de la pericia de los congresistas de la Comisión de Constitución para
modernizar el rol del Estado y permitir sinergias con las organizaciones de la
sociedad civil.
En la coyuntura actual es importante sintetizar en un texto
único las ideas-marco de los proyectos planteados por el Poder Ejecutivo, el Jurado
Nacional de Elecciones y la Subcomisión de Reforma congresal, a fin de dar a
luz una iniciativa que permita reformar nuestra Constitución.
¿De qué se trata? En general, las iniciativas buscan la
transparencia y plantean que los partidos políticos no reciban fondos del
extranjero o de personas jurídicas que residan menos de tres años en el país o
de quienes hayan sido condenados penalmente por falta grave. Estos últimos tampoco
podrán postular a cargos públicos.
En la medida que vivimos sensibles al tema de la corrupción –en
donde aparecen dos actores sociales: el que corrompe y el que se deja
corromper–, los proyectos coinciden en que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda al secreto bancario, tributario
y bursátil de los competidores políticos.
En el ámbito de lo político, un
aspecto fundamental es la reforma del Poder Legislativo para que volvamos al
bicameralismo liberal clásico.
Después de esta experiencia unicameral de 23 años en cuyo
tiempo algunos proyectos se aprobaron con errores u omisiones, es hora de tener
otra vez una Cámara de Diputados y un Senado de la República, para legislar de
manera responsable en nombre de la representación popular.
Pero no sólo eso. En lo que implican los deberes y derechos
ciudadanos, la reforma político-electoral debería ocuparse de modificar el
texto constitucional en cuanto al sufragio. No se puede hacer incidencia sobre el
rol ciudadano con medidas coercitivas que no alientan una conciencia adecuada.
Somos hijos del conductismo cuyo fruto se refleja en el
modelo educativo que nadie se atreve a modificar. De ahí que todo se fundamente
sobre la base de estímulos o castigos. Verbigracia: si pagas los impuestos a
tiempo, te premian; si no lo haces, te sancionan.
El artículo
31 de nuestra Constitución señala que “el voto es personal, igual, libre,
secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa
edad”. Diera la impresión que leemos un texto macondiano.
Si el sufragio es libre una persona debería tener la
facultad para obrar o no obrar, pudiendo elegir si vota o no vota. De ahí que
dicho texto sea una aberración jurídica en todo el sentido de la palabra pues
no se puede hablar de libertad y obligatoriedad al mismo tiempo.
En los países desarrollados, los ciudadanos no necesitan ser
sancionados para cumplir sus obligaciones. El voto es facultativo y sufragan
quienes de manera consciente tienen una preocupación por resolver los problemas
de su país y no hay sorpresas cuando se eligen a los gobernantes.
Una reforma político-electoral con todas las aristas que implica
debería ser consultada también con las organizaciones de la sociedad civil para
que expresen sus opiniones desde una perspectiva diferente a la visión congresal.
Tanto los representantes de las universidades públicas y privadas, los directivos
de los gremios empresariales, los decanos de los colegios profesionales y los líderes
de las organizaciones sociales de base, entre otros, deberían ser citados para aportar
al proyecto.
Es hora de cimentar
las bases del siglo XXI y esto sólo se logrará con el concurso de todos los
actores sociales. Dejemos de ser un laboratorio de ensayos políticos y
apostemos por un cambio duradero.
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