Del dolor que vive México por el clima de violencia criminal,
los extremistas se valen del efecto mediático para generar la idea de inseguridad
y caos generalizado.
Independiente al reclamo social que cuestiona la presencia
militar en determinados municipios o denuncia el abuso de la fuerza pública,
resulta importante que los tres niveles de gobierno y la sociedad civil asuman
compromisos para lograr consensos sin patear el tablero desde ambas orillas.
A todo esto, ¿ya nadie se acuerda del narco? ¿Sabemos quiénes
financian a los encapuchados? ¿De qué viven los gremialistas que solo andan en
marchas y bloqueos? Son preguntas que resultan útiles para que el periodismo de
investigación allane el camino a la administración de justicia.
¿Por qué no se hace un seguimiento minucioso al núcleo
(dizque anarquista) que produce violencia en cada marcha o acto público en el
que se infiltra? ¿Quiénes son? ¿Dónde fabrican los explosivos que usan en
agravio de la sociedad?
Condenamos la desaparición de los ahora 42 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, y en ese escenario resulta importante recordar el
discurso de Eraclio Zepeda, nada menos que un antiguo militante comunista, fundador del Partido Socialista Unificado de México y reconocido escritor
chiapaneco, al recibir la medalla Belisario Domínguez el pasado 15 de
diciembre, máximo galardón que otorga el Senado mexicano a los ciudadanos
eminentes de la sociedad.
“Por grande que sea el dolor, el crimen no se combate con
más crimen. La arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y
propiedades de particulares y el acoso de los trabajadores y la ley, al grado
de poner en peligro su propia integridad, es inaceptable”, dijo durante el acto
protocolar, celebrado en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del
Senado, ante la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.
Algunos sectores gremiales confunden la indignación que
produce la muerte de esos estudiantes, así como de tantos otros degollados,
desaparecidos, secuestrados y mutilados que no se mencionan, con el hecho de
generar más violencia atentando contra la propiedad privada y pública, realizando
bloqueos de vías, cobrando cupos en las casetas de carreteras y celebrando juicios
dizque populares contra personas a las que secuestran y agreden. ¿Estas no son
violaciones a los derechos humanos? ¿Esto no es condenable? ¿Ese es el respeto
al derecho ajeno que nos confiere la paz?
“Se ha desatado una crisis social que la sociedad rechaza y
padece. Las manifestaciones de protesta han ido creciendo en violencia. Es
dolorosa e inaceptable la desaparición de los jóvenes normalistas, pero hay que
reconocer también que el gobierno ha desplegado una enorme fuerza de búsqueda y
de investigación, sin límite de esfuerzos de todo tipo”, agregó el militante izquierdista Zepeda.
Remarco su filiación política para que se reconozca la
procedencia de la crítica. Resulta muy cómodo responsabilizar por la
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa al gobierno de la república. Si
la corrupción ha llegado a carcomer a determinados niveles de la administración
federal, estatal o municipal, eso no significa que todos sus miembros sean deshonestos.
Las generalizaciones son peligrosas y distorsionan la realidad.
También hay quienes quieren subirse a la ola y utilizan
todas las tribunas para hacerse notar. Caso del joven que irrumpió en la
ceremonia de la entrega del Nobel de la Paz a la paquistaní Malala Yousafzai,
en Oslo. O algunos ciudadanos que hacen lo mismo en actos públicos instando al
mandatario mexicano a pedir perdón por la muerte de los jóvenes normalistas. La
indignación es general, pero no puede haber un linchamiento mediático contra el
gobierno federal.
¿Debe hincarse el presidente Peña Nieto por este hecho? Yo
creo que no. Él mismo ha dicho en reiteradas oportunidades que “para conocer la
verdad de lo ocurrido… que no haya impunidad, que todos los culpables sean
castigados conforme a derecho, y que se dé la reparación integral a las
víctimas”. Es una cita tomada de la Jornada, un periódico crítico al gobierno federal
y de izquierda.
Tenemos un problema ciudadano: seguimos viendo la rama y no
el árbol del problema.
“En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones
inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar. Un grupo
criminal que controlaba el territorio de varios municipios, autoridades
municipales que eran parte de la propia estructura de la organización
delictiva, policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes
de delincuentes”, ha dicho el mandatario sumando su voz al grito ciudadano
“Todos somos Ayotzinapa”.
Fomentar la violencia y el caos es caer en el juego de los criminales,
interesados en cosechar desorden para destruir el régimen de democracia constitucional.
Actuemos con inteligencia defendiendo la vida, respetando los derechos y
deberes ciudadanos, así como a las instituciones que nos representan a todos.
Lima, 19 de diciembre de 2014.
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